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Polémica por un negocio millonario para un empresario K en Retiro

11/10/10

Cobrarían $ 2,5 de tasa de embarque a todos los pasajeros de la terminal de micros.

PorAntonio Rossi

El Gobierno tiene en las gateras una polémica medida que afectará a todos los pasajeros de los ómnibus de larga distancia que inicien sus viajes desde la terminal de Retiro. Al igual que en los aeropuertos, los usuarios de los servicios interurbanos terrestres tendrán que pagar una “tasa de embarque” para financiar el nuevo sistema de control y seguridad que implementará el concesionario de la terminal porteña.

El valor del nuevo “cargo tarifario” arrancaría en $ 2,50 y luego se iría ajustando según la variación del precio del litro de gasoil.

La medida generó el inmediato rechazo de las empresas de transporte y encendió una polémica .

Más allá de los reparos legales que recaen sobre el proyecto, el futuro negocio de la tasa de embarque -que implicará una recaudación anual de $ 45 millones - tiene otra arista cuestionable.

La principal beneficiaria de la medida será la firma TEBA, la concesionaria de Retiro que controla Néstor Otero, el empresario kirchnerista que está directamente involucrado en la causa judicial por el pago de dádivas al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

Como titular de Transporte, Jaime era la autoridad de aplicación y fiscalización del contrato de TEBA y como tal debía controlar a esa empresa. Pero en la práctica eso se desvirtuó y los principales directivos de TEBA terminaron siendo los garantes y pagadores de los alquileres de dos departamentos de Barrio Norte que ocupó Jaime con su familia.

Según el esquema en juego, los autotransportistas tendrán que cobrarle el cargo adicional a los pasajeros en el momento de emitir los boletos.

Al salir al cruce de la iniciativa, la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) reclamó en la última semana la “urgente suspensión de la medida ante los evidentes aspectos legales, técnicos y económicos que desaconsejan la aprobación del plan de seguridad y los cargos pretendidos por el concesionario de la terminal de Retiro” .

Tras denunciar “la existencia de una serie irregularidades en el trámite de los expedientes”, los directivos de CELADI volvieron a plantear ante el secretario de Transporte y al ministro de Justicia la impugnación del proyecto por “la falta de estudios previos y la ilegalidad de la tasa que no fue aprobada por el Congreso”.

El negocio de la “tasa de embarque” comenzó a gestarse unos días antes de las elecciones de 2009 con la aprobación del marco regulatorio que establece que las terminales de larga distancia tienen que llevar adelante las tareas de “verificación y control de los pasajeros y las encomiendas” que se movilicen en sus instalaciones.

Según las reglas que fijó la administración kirchnerista, los programas de inspección y control se van afrontar con el cobro de los nuevos “cargos por seguridad” que se aprueben para cada terminal.

TEBA ya presentó en los primeros meses de 2010 el “plan de seguridad para pasajeros” y ahora está a espera de que Transporte lo apruebe para empezar a embolsar la tasa de embarque.

Si bien no tienen un plazo determinado, la intención de los funcionarios sería darle vía libre al proyecto antes de fin de año .

Hasta ahora, la oposición más fuerte y notoria a la entrada en vigencia de la nueva tasa de embarque provino de las compañías de ómnibus que operan en Retiro.