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El gobierno tiene responsabilidad criminal sobre el vuelo del Challenguer

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27012011

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Por Guillermo Cherashny para el Informador Público



Está aclarado el punto de que el Challenger Bombardier 604 permaneció solamente 40 minutos en la isla Sal de Cabo Verde. Por lo tanto, no hubo tiempo allí de cargar en el avión con la tonelada de cocaína decomisada en Barcelona. No queda a esta altura duda alguna acerca de que la carga delictual se pudo haber hecho en Morón, el Palomar o Ezeiza, por lo cual la responsabilidad es de la cúpula de la Aeronáutica, por un lado. Pero también les cabrían responsabilidades penales tanto a Alejandro Granados (h.), Director de la ANAC (Agencia Nacional de Aviación Civil), como a Juan Pablo Schiavi y Julio de Vido, Secretario de Transporte y Ministro de Planificación, cuya obligación de hacer funcionar los controles no se cumplió.



Hijos del poder

La relación entre la carga ilícita y el poder se abre paso también por otros motivos. Por ejemplo, Juan Carlos Morán, diputado nacional por la Coalición Cívica, calificó como “hijos del poder” a los hermanos Juliá, ya que en 2009 y 2010 había denunciado a la empresa Medical Jet, propiedad de aquéllos, por estar vinculada a los asesinatos de dos colombianos en el Unicenter. Morán impulsó entonces que dos fiscales provinciales pidieran el allanamiento de las oficinas de Medical Jet. El que se opuso en aquellas circunstancias fue el fiscal general Julio Novo, vinculado a Aníbal Fernández. La negativa de Novo motivó que Morán pidiera su juicio político, pero el expediente correspondiente a este pedido en el Consejo de la Magistratura de Buenos Aires desapareció y los indicios apuntan a la senadora (FpV-Provincia de Buenos Aires) Cristina Fioramonti, esposa del diputado Carlos Kunkel. Es así que tanto el jefe de gabinete como el agresivo diputado ultrakirchnerista defendieron claramente el accionar de Medical Jet, la empresa de los hermanos Juliá, conectados con altos mandos de la Fuerza Aérea, protegidos, a su vez, por la entonces Ministro de Defensa, Nilda Garré. Ésta, ahora como Ministro de Seguridad, cree que modificando los protocolos de seguridad del aeropuerto de Ezeiza se puede mejorar el control, después que se cargara una tonelada de cocaína delante de las narices de todas las autoridades. Este escándalo político indicaría asimismo que el crimen del Unicenter no fue debidamente investigado. Los hermanos Juliá fueron protegidos desde la Jefatura de Gabinete y la justicia provincial. Si se hubiera investigado en el 2009 y 2010 el accionar de Medical Jet, ésta no hubiera transportado la tonelada de cocaína. Por ahora también está abierta la incógnita sobre la propiedad del avión, es decir, si pertenencía a un cartel colombiano o mexicano o lisa y llanamente a funcionarios argentinos vinculados al gobierno kirchnerista. De ahí las revelaciones de WikiLeaks sobre la tolerancia argentina al tráfico de drogas y sobre el lavado de dinero proveniente de tan oscuro negocio.

Un tema que está claro es la sociedad de los altos mandos de la Fuerza Aérea con la familia Yabrán, y particularmente con su empresa de taxis aéreos Royal Class, en uno de cuyos aviones habrían llegado llegaron al país los 6 millones de dólares provenientes de Venezuela para la campaña presidencial de Cristina Kirchner en el 2007. La causa en la que se investigan estos hechos está cajoneada en la justicia por el Juez en lo Penal Económico Daniel Petrone. Una suerte similar le está tocando al expediente donde se investiga el tráfico de cocaína a España en los aviones de la empresa Southern Winds, en el que estuvieron implicados un comodoro y su hijo. Es decir que ya son varios los casos en los que coinciden el narcotráfico, los mandos de la Fuerza Aérea y la protección política del kirchnerismo.





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